El avance de la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el exgobernador Gustavo Bordet volvió a sacudir el tablero político y judicial entrerriano. Y ya no por especulaciones mediáticas o versiones cruzadas, sino por el contenido del escrito que el fiscal José Arias presentó ante el juez de Garantías para solicitar allanamientos y medidas de prueba.
En ese documento, al que accedió Diario Junio y cuya existencia fue reconocida por el propio fiscal en diálogo privado con este medio, Arias sostiene que existen elementos que “prueban la hipótesis delictiva” y deja planteadas sospechas de bienes y movimientos económicos en el exterior. El eje de la investigación apunta a inconsistencias patrimoniales, viajes reiterados fuera del país y consumos que, según la fiscalía, no encuentran correlato en las declaraciones oficiales ni en registros de compra de divisas.
El propio Arias confirmó el contexto del documento judicial y marcó distancia respecto del enfoque editorial de la publicación original. En una conversación mantenida con este medio, el fiscal señaló que “evidentemente accedieron a mi escrito” y aclaró que “hay consideraciones y adjetivaciones que son del editor”, dejando en claro que el contenido base surge de una presentación judicial existente, aunque no necesariamente comparte el tono utilizado por Diario Junio.
También explicó que no fue él quien difundió el escrito públicamente: “No por mi parte… es un escrito que llegó a la Cámara de Diputados de la provincia cuando el juez le pidió autorización para hacer los allanamientos”, respondió al ser consultado sobre la posibilidad de acceder al documento.
Viajes, Uruguay y la sospecha sobre fondos en el exterior
Uno de los puntos más sensibles del escrito fiscal es el análisis de los viajes al exterior realizados por Bordet y su familia durante el período investigado. Según detalla Arias, existen centenares de noches registradas fuera del país, especialmente en Uruguay, Estados Unidos y Europa, lo que para la fiscalía podría ser indicio de movimientos patrimoniales no declarados.
El escrito incluso plantea dudas sobre cómo se financiaban esos viajes y estadías, ya que —según la información incorporada a la causa— no existirían operaciones cambiarias suficientes ni consumos bancarios compatibles con ese nivel de gastos en el exterior.
Arias sostiene además que algunas compras de pasajes habrían sido realizadas por personas jurídicas o empresas, situación que incrementa la sospecha sobre una eventual estructura societaria no declarada.
El silencio político y el impacto institucional
Mientras la investigación avanza, en el peronismo entrerriano crece la incomodidad. La figura de Bordet fue durante años uno de los principales factores de orden interno dentro del PJ provincial, pero la acumulación de elementos judiciales y el tono cada vez más duro del expediente empiezan a generar ruido incluso en sectores que históricamente lo respaldaron.
El dato político más delicado no es solamente la investigación en sí, sino la sensación de desgaste institucional que deja la causa: un exgobernador, exintendente y exdiputado nacional investigado por presunto enriquecimiento ilícito, con sospechas sobre bienes en el exterior y medidas judiciales que incluyeron pedidos de allanamiento.
A eso se suma otro elemento que empieza a tomar fuerza en la discusión pública: la diferencia entre el discurso político y la postura judicial. Mientras Bordet sostuvo públicamente que estaba “a disposición de la Justicia”, el fiscal remarcó en su escrito que la defensa dejó expresa oposición a determinadas medidas probatorias, entre ellas los allanamientos solicitados.
Una causa que recién empieza
Más allá del impacto político y mediático, la causa todavía se encuentra en etapa de investigación y no existe condena alguna contra Bordet. Sin embargo, el contenido del escrito fiscal marca un punto de inflexión: por primera vez aparecen sistematizadas sospechas concretas sobre patrimonio, viajes, consumos y posibles activos fuera del país.
Y en ese contexto, las propias palabras del fiscal Arias terminan siendo relevantes. No sólo porque reconoció la autenticidad del escrito que circuló en la web de Diario Junio, sino porque dejó entrever que la documentación judicial efectivamente contiene elementos sensibles que hoy ya forman parte del expediente.