Sergio Urribarri y Juan Pablo Aguilera abandonarán la Unidad Penal Número 1 de Paraná tras un polémico fallo dividido del tribunal de feria. La resolución revoca por “arbitraria” la decisión de la Cámara de Casación Penal que, el 19 de noviembre pasado, había dispuesto la prisión preventiva de ambos condenados por delitos de corrupción.
El tribunal de feria, habilitado en medio de críticas por su urgencia, se inclinó por devolver a Urribarri y Aguilera al estado anterior, es decir, libertad con restricciones, descartando la prisión preventiva domiciliaria. Los vocales Germán Carlomagno y Leonardo Portela decidieron en favor de esta medida, mientras que Miguel Giorgio, en un duro voto en disidencia, cuestionó la legitimidad del procedimiento.
“La prisión preventiva es la medida cautelar de coerción personal más severa posible y, por ende, reviste carácter excepcional”, argumentó Carlomagno en su voto, citando a la reconocida jurista María Angélica Gelli. Según el vocal, la decisión de la Cámara de Casación no cumplió con los criterios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad exigidos por la Constitución Nacional y organismos internacionales.
Por su parte, Miguel Giorgio rechazó la resolución en términos tajantes. “No comparto como antecedente la habilitación de feria bajo el pretexto genérico de afectación de la libertad ambulatoria, cuando la presente causa se encontraba a despacho, dentro del plazo legal para resolver y bajo la órbita de los jueces naturales”, sostuvo.
Cuestionamientos al proceso judicial
Giorgio fue particularmente crítico con la celeridad y las irregularidades observadas en el proceso. Denunció que se habilitó indebidamente la feria judicial y se dictaron providencias en días y horarios inusuales, incluyendo el domingo 5 de enero y el lunes 6 de enero por la noche. “Se convirtió este recurso excepcional en una suerte de habeas corpus solapado y con una lógica procedimental nunca vista en causas similares”, expresó en su voto.
Además, el magistrado subrayó que mientras se priorizó la situación de Urribarri y Aguilera, al menos 24 impugnaciones extraordinarias con ciudadanos privados de su libertad permanecen sin resolución, muchas de ellas presentadas con anterioridad. “Esto genera un precedente peligroso, que quiebra la igualdad ante la ley y favorece a los imputados en esta causa”, agregó.
Una decisión que deja en evidencia las divisiones judiciales
Con este fallo, Urribarri y Aguilera, condenados por integrar una red de corrupción dentro del Estado provincial, vuelven a la libertad bajo restricciones. La decisión profundiza la percepción de privilegios dentro del sistema judicial entrerriano y genera dudas sobre la imparcialidad y equidad en la aplicación de la justicia.
Mientras Carlomagno y Portela justificaron la medida en base a estándares internacionales y al carácter excepcional de la prisión preventiva, Giorgio advirtió que este fallo sienta un precedente que erosiona la credibilidad de la justicia y prioriza los intereses de los poderosos por encima de los principios de igualdad y transparencia.