El juez Elvio Garzón concedió la suspensión del juicio a prueba a la concejal Romina Todoni y su hermano por incumplir las órdenes judiciales de abandonar la actividad en la chatarrería de la familia.
El juez de Garantías de Paraná, Elvio Garzón, otorgó este martes la suspensión del juicio a prueba, conocida como probation, a la concejal Romina Todoni y su hermano Diego, quienes estaban imputados por incumplir reiteradamente una orden judicial vinculada al funcionamiento de la chatarrería de la familia.
La medida tendrá una duración de dos años. Durante ese período, ambos deberán realizar 96 horas de trabajo comunitario. El juez los eximió de realizar la reparación económica simbólica que habitualmente se establece en estos casos.
La decisión fue tomada pese a la oposición del fiscal Cristian Giunta, quien había adelantado que, de llegar a juicio, solicitaría una pena de cumplimiento efectivo para los dos imputados, registró APF.
El planteo de la defensa
Antes de conceder la probation, Garzón rechazó los pedidos de la defensa de los hermanos Todoni, a cargo de Emilio y Germán Fouces, para que fueran sobreseídos y para que se declarara la nulidad del procesamiento.
Los abogados habían sostenido que no hubo delito y que el caso debía ser tratado en otros fueros. También señalaron que no existió intención de incumplir la orden judicial y mencionaron que existe otra causa en la que se investiga una presunta contaminación ambiental, impulsada por la fiscal Paola Farinó.
Garzón consideró que los hermanos reunían los requisitos para acceder a la suspensión del juicio a prueba. Entre otros aspectos, señaló que ninguno tiene antecedentes computables.
En el caso de Romina Todoni, quien es concejala en funciones, el juez explicó que la Probation puede aplicarse porque los hechos investigados no fueron atribuidos a su actividad como funcionaria, sino a su rol como socia gerente de Las 3E SRL.
El expediente por desobediencia está relacionado con una resolución dictada en diciembre de 2024 por la Cámara Segunda de Apelaciones de Paraná, en el marco de un amparo ambiental presentado por vecinos de la zona de avenida Circunvalación José Hernández.
Los vecinos habían cuestionado el funcionamiento de la chatarrería y planteado que la actividad afectaba el derecho a un ambiente sano, además de otros derechos vinculados a la salud, la vida y la propiedad.
En ese momento, la jueza Gabriela Teresita Mastaglia ordenó el cese total de las actividades que desarrollaba Las 3E SRL en el inmueble de avenida José Hernández 2561. La decisión fue luego ratificada por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.
Según la acusación, el incumplimiento reiterado de esas resoluciones judiciales dio lugar a la investigación y posterior procesamiento de Romina y Diego Todoni por desobediencia judicial.