Las dos denuncias por presunta mala praxis contra el médico otorrino Guillermo Riolo despertaron inconsistencias en el control y acciones del actual funcionamiento del sistema de salud. El doctor puede seguir ejerciendo su profesión por falta de medidas en la Justicia y el Ministerio de Salud.
Además, se conoció que el titular de la clínica privada de Bovril, donde operaron al niño que se encuentra en grave estado, fue censurado en 2023 por “desvío de partidas de medicamentos”. ¿Quién controla el estado de salud mental de los profesionales? ¿Por qué el Ministerio de Salud no interviene para retener la matrícula del doctor mientras se determine qué sucedió? ¿Y la Justicia?
Los antecedentes de Riolo y los comentarios de usuarios en redes sociales que refirieron tener “malas experiencias” no lo favorecen en su carrera como profesional. Fue separado de su cargo como jefe de servicio de Otorrino del hospital San Martín durante diciembre de 2023, en la gestión anterior, por diversas causales: ausencias reiteradas al servicio, llegadas tarde y trato no decoroso con la función pública.
Actualmente, la Justicia entrerriana investiga dos hechos de mala praxis. Un niño de tres años se encuentra internado en grave estado y otro hombre de 35 está con su cara “desfigurada”, según describió la abogada que interviene en la denuncia. Inclusive, en el mes de marzo de 2024 se denunció un pedido de localización por el doctor ya que estaba desaparecido. Luego fue encontrado en Santa Fe y allegados acudieron que “padecía problemas de consumo problemático”.
A pesar de estos hechos, el doctor tiene cirugías programadas durante esta semana en el sanatorio Río en Paraná y cuenta con la matrícula habilitada para ejercer su profesión. Desde el Ministerio de Salud explicaron que “no pueden suspender una matrícula de manera preventiva ante un hecho que es materia de investigación”. La abogada Romina Sirota de Asuntos Jurídicos y la médica Marina Alegre, subsecretaria de Salud, recibieron este martes a la familia del pequeño de tres años y adujeron lo mismo: “no podemos hacer nada”, dijeron.
No se sabe si la decisión es por inexperiencia, error o ausencia de las autoridades. “El ministro Grieve está de vacaciones”, expresaron distintas fuentes consultadas por este medio.
La tía del niño internado respondió: “El Ministerio de Salud debería haber actuado ante denuncias como estas. Es una cuestión de sentido común que un organismo tan importante, que debe velar por la salud pública, intervenga ante casos de mala praxis denunciados”.
Policiales y Judiciales conoció que el dueño de la clínica “El Sol” donde operaron al niño fue cesanteado de su función en el estado provincial por sustraer insumos de un centro de salud y llevarlos a su clínica privada. Se comprobó el delito de desvío de partidas de medicamentos para su clínica privada Clínica del Sol SRL, en Bovril, de la cual es dueño, y se lo cesantió de su cargo del Centro de Salud “Dr. Pablo Krauzas”, de la localidad de Sir Leonard, por “negligencia manifiesta, omisión reiterada o faltas graves en el desempeño de sus funciones”.
A raíz de estos hechos, la obra social IOSPER decidió suspender los servicios que presta Guillermo Riolo hasta tanto se aclare su situación en la Justicia.
Hay ejemplos de distintos tipos en donde el Estado intervino suspendiendo matrículas de profesionales mientras la justicia investiga. Tal es el caso del médico Hugo Moyano condenado en 2015 por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, causa por la cual se lo inhabilitó a ejercer.
Hay dos leyes en las cuales el ministerio de Salud en Entre Ríos puede actuar para suspender matrículas: la 3818, que rige sobre las profesionales del arte de curar, y la 9892, que responde a la carrera profesional asistencial sanitaria.