Una jornada que había comenzado con un conflicto laboral abierto en el Puerto de Concepción del Uruguay terminó este lunes con un violento operativo de fuerzas de seguridad, detenciones y uso de balas de goma, en medio de una conciliación obligatoria dictada por el Gobierno provincial para frenar un paro portuario que ya tiene alcance nacional.
La tensión surgió en el marco de un paro total de actividades, iniciado el domingo por el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) – Puerto Concepción del Uruguay, que reclama el reconocimiento formal de su representación sindical por parte de las empresas de estibaje que operan en el complejo, en particular Urcel Argentina S.A., firma de capitales uruguayos que, según los trabajadores, no reconoce al SUPA como sindicato legalmente constituido.
Conciliación obligatoria: tregua forzada pero con conflicto abierto
En respuesta a la escalada del conflicto y al anuncio de medidas de fuerza, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos dictó una conciliación obligatoria bajo la Ley Nacional N° 14.786, vigente desde este lunes 26 de enero de 2026 por 15 días hábiles, con el objetivo declarado de “preservar la paz social, garantizar la continuidad de una actividad estratégica para la economía regional y promover instancias de diálogo”.
Durante este período, el sindicato debe suspender medidas de acción directa y garantizar la normal prestación de tareas, mientras que la empresa debe abstenerse de represalias contra los trabajadores involucrados. Asimismo, se convocó a una audiencia de conciliación para el martes 10 de febrero en Paraná, en la que se espera que ambas partes concurran con representantes con poder de decisión suficiente para avanzar en una salida negociada.
Sin embargo, la decisión administrativa llegó en medio de una jornada marcada por un desalojo de manifestantes que terminó con violencia. Medios locales consignan que, pese a la orden de conciliación obligatoria, fuerzas de la Policía de Entre Ríos y Prefectura Naval Argentina intervinieron para despejar bloqueos en los accesos al puerto, con uso de balas de goma, gases y golpes; como saldo de este operativo se produjeron detenciones y heridos, incluyendo trabajadores y referentes gremiales.
Desde el SUPA y sectores gremiales se denunció que la represión se produjo incluso cuando las partes estaban en proceso de negociación formal, y responsabilizaron por el accionar policial no solo a las autoridades provinciales sino también a la fiscalía y a la propia empresa Urcel SA, acusándolos de alinear intereses por encima de los derechos laborales y de organización sindical.
Conflicto sindical con proyección nacional
El choque en Concepción del Uruguay no se limita a la terminal entrerriana. La Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA) declaró estado de alerta, advirtiendo que, de no avanzarse en el reconocimiento sindical y en mejores condiciones laborales, el conflicto podría disparar un paro total en todos los puertos del país en solidaridad con los estibadores entrerrianos.
Los reclamos gremiales incluyen el reconocimiento del SUPA como sindicato legítimo, el cumplimiento efectivo del convenio colectivo de trabajo vigente, y el cese de prácticas empresariales que, según los trabajadores, implican precarización laboral y utilización de personal externo en condiciones desfavorables para la mano de obra local.