El Servicio Penitenciario pasó a disponibilidad a un celador y a un ex jefe de Seguridad de la Granja Penal El Potrero. Gendarmería allanó oficinas internas de la cárcel.
La conducción del Servicio Penitenciario de Entre Ríos dispuso el pase a disponibilidad de dos funcionarios de la unidad penal nº9 Granja El Potrero de Gualeguaychú. Uno es cabo primero y se desempeñaba como celador, con contacto directo con los internos; el otro, un oficial que había sido jefe de Seguridad Interna y actualmente cumplía funciones en Tratamiento Correccional.
La investigación judicial que pone bajo la lupa la circulación de teléfonos celulares objetos prohibidos dentro de la cárcel, los mecanismos de control, las responsabilidades funcionales y la conducción del establecimiento.
El procedimiento realizado por efectivos de Gendarmería Nacional en la Oficina de Tratamiento Correccional, por orden judicial, y el allanamiento simultáneo del domicilio particular de un funcionario de esa dependencia, profundizan los interrogantes sobre lo que sucede puertas adentro de la unidad penitenciaria.
Pero hay un dato que agrega un nuevo capítulo a esta historia: en el marco de la investigación relacionada con Leonardo Airaldi, la Dirección del Servicio Penitenciario de Entre Ríos resolvió administrativamente pasar a disponibilidad a dos funcionarios de la UP9.
Según la información vinculada con las medidas administrativas adoptadas, los dos funcionarios pasados a disponibilidad cumplían tareas diferentes dentro de la estructura de la UP9.
Uno de ellos es un suboficial con jerarquía de cabo primero, que se desempeñaba como celador y mantenía contacto cotidiano y directo con la población penitenciaria.
El segundo es un oficial que anteriormente se había desempeñado como jefe de Seguridad Interna y que, al momento de las medidas, cumplía funciones en el área de Tratamiento Correccional.
Se trata de dos posiciones que, desde distintas responsabilidades, forman parte de la estructura operativa de una cárcel: por un lado, el contacto cotidiano con los internos; por el otro, funciones vinculadas con la organización y el funcionamiento interno del establecimiento.
El pase a disponibilidad no equivale, por sí mismo, a una declaración de culpabilidad ni permite afirmar que los agentes hayan cometido un delito.
Sin embargo, la decisión demuestra que las consecuencias institucionales de la investigación ya no se limitan al secuestro de dispositivos electrónicos o a las actuaciones judiciales.
La investigación también tiene repercusiones dentro de la estructura del Servicio Penitenciario.
El allanamiento realizado en la Oficina de Tratamiento Correccional no es un detalle menor.
Los investigadores no se limitaron a revisar un pabellón o un espacio de alojamiento. El procedimiento alcanzó una dependencia administrativa específica y estuvo acompañado por otra medida judicial en el domicilio de un trabajador vinculado con esa área.
La Justicia deberá establecer qué elementos buscaba, qué documentación o dispositivos fueron examinados, qué se secuestró y si existe alguna relación entre esos elementos y los hechos investigados en la causa Airaldi.
La investigación que involucra a Leonardo Airaldi ya había puesto a la UP9 en el centro de la atención judicial por la presunta utilización de teléfonos celulares dentro del establecimiento.