Los abogados del comisario y abogado apelaron el procesamiento con prisión preventiva. Afirmaron que no existen pruebas directas que lo vinculen con el transporte de 1.345 kilos de marihuana y solicitaron su libertad o medidas alternativas.
La defensa de Daniel Alejandro Rosatelli apeló el procesamiento con prisión preventiva dictado contra el abogado y comisario de la Policía de Entre Ríos en la investigación por el transporte de 1.345 kilos de marihuana.
Los abogados Damián Petenatti y Miguel Ángel Cullen presentaron el recurso ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná contra la resolución adoptada el 10 de septiembre por el juez federal Leandro Ríos.
El planteo sostuvo que no existe una prueba directa que conecte la operación de compra de una camioneta Citroën Jumper, realizada el 4 de noviembre de 2025, con su hallazgo cargada de marihuana el 13 de febrero de 2026 en La Paz.
“Dos eventos distintos”
La defensa no discutió que la camioneta había sido verificada en Paraná, que estuvo cerca del domicilio de Rosatelli, que hubo un conflicto por su pago ni que se produjo un altercado en la sede de la asociación Suma de Voluntades.
Tampoco objetó que el mismo vehículo apareció tres meses después con el cargamento. Lo que rechazó fue el razonamiento mediante el cual el juez conectó esos episodios y atribuyó a Rosatelli un papel oculto en la compra del utilitario.
“Existen dos eventos distintos que la investigación no ha podido acreditar de ninguna manera que se encuentren conectados subjetivamente por una intencionalidad común y organizada entre los imputados”, señalaron los abogados.
Según el recurso, el magistrado completó esa conexión mediante “una entusiasta serie de conjeturas que no encuentran respaldo alguno en las pruebas reunidas”.
La verificación de la camioneta
Uno de los indicios valorados en el procesamiento fue que la Citroën Jumper habría sido revisada sin turno en la planta verificadora de avenida Zanni por una gestión atribuida a Rosatelli.
Los defensores respondieron que Jonathan Barbieri, vendedor del vehículo, brindó versiones diferentes. En una primera declaración mencionó una comunicación con una persona que sería Rosatelli, pero luego indicó que el intermediario Martín Pelizzari realizó una llamada al llegar a la planta.
A esto añadieron que el verificador Marcos Ismael Naumoff no declaró haber recibido pedidos del comisario y sostuvo que ni siquiera lo conocía.
La apelación también cuestionó la sospecha generada por el pedido de secuestro del vehículo. Según la defensa, esa medida no aparecía en las consultas disponibles durante la verificación y únicamente figuraba una prohibición de circular derivada de una denuncia de venta.
La compraventa y los registros documentales
El juez calificó como “opaca” la negociación concretada cerca del Club Echagüe, donde Pelizzari y Barbieri dejaron estacionada la camioneta para que Rosatelli supuestamente pudiera observarla sin intervenir directamente.
La defensa consideró contradictorio que una maniobra presuntamente clandestina se concretara en la vía pública, cerca del domicilio declarado por Rosatelli y dentro del área cubierta por cámaras policiales.
El pago se realizó mediante la entrega de 2.400 dólares, cheques aportados por Pelizzari y dos transferencias de un millón de pesos efectuadas por Claudio Luna. El procesamiento interpretó la intervención de terceros como una estrategia destinada a impedir que quedaran rastros del verdadero comprador.
Petenatti y Cullen objetaron esa conclusión y recordaron que una abogada del estudio de Rosatelli solicitó dos informes de dominio sobre la camioneta. A su entender, esa gestión produjo registros documentales incompatibles con una intención de ocultamiento.
También señalaron que Luna declaró haber realizado las transferencias a pedido de Pelizzari y no por indicación de Rosatelli.
Qué sostuvo sobre los llamados
La resolución judicial había interpretado un cruce de comunicaciones entre diferentes abonados como una señal de connivencia entre Rosatelli, Pelizzari y Luna.
El recurso aseguró que el único contacto directo identificado fue una comunicación de tres segundos, efectuada el 26 de diciembre entre una tercera persona y la línea atribuida a Rosatelli.
“No existe el intercambio entre Rosatelli, Pelizzari, Luna y los restantes abonados que presenta la resolución, ni tampoco surgen comunicaciones entre las líneas de Rosatelli y la atribuida a Claudio David Luna”, afirmaron los defensores.
El episodio en Suma de Voluntades
Otro elemento analizado por el juez fue la golpiza denunciada por Sixto Maciel en una habitación de la sede de Suma de Voluntades. La hipótesis judicial vinculó el episodio con el intento de lograr que se retirara la denuncia por la venta de la camioneta, abonada parcialmente con cheques que resultaron falsos.
La defensa ofreció otra interpretación y sostuvo que la discusión estuvo relacionada con el precio de una obra que Maciel buscaba realizar para la organización. Para respaldar esa versión citó una declaración atribuida al propio denunciante: “Discutimos yo y Daniel por el tema de la obra”.
Los abogados también cuestionaron la cronología considerada en el procesamiento. Indicaron que la denuncia de Barbieri contra Pelizzari se radicó a las 16 y que el altercado ocurrió aproximadamente a las 17.30.
El recurso remarcó que aquella denuncia no mencionaba a Rosatelli y sostuvo que, por tratarse de un abogado penalista y funcionario policial, debía saber que una denuncia penal no podía ser retirada por la sola voluntad del denunciante.
El recorrido del utilitario
El procesamiento indicó que, después de la negociación del 4 de noviembre, la camioneta fue trasladada hasta las inmediaciones de la vivienda de Juan Esteban Siebenlist Bustos, prófugo y señalado como organizador logístico del transporte.
Los abogados acompañaron capturas de las cámaras del 911 y afirmaron que el vehículo se detuvo frente al domicilio de Emmanuel Wursten, cuñado de Barbieri. La casa de Siebenlist Bustos se encontraría enfrente, al otro lado de la calle Pronunciamiento.
La defensa negó que Rosatelli conozca al prófugo y aseguró que tampoco pudo establecerse quién tenía la camioneta el 30 de enero, cuando salió definitivamente de Paraná con una nueva patente.
Además, planteó que no resultaría razonable emplear para una carga valuada en más de tres millones de dólares un utilitario que ya se encontraba individualizado, denunciado y con pedido de secuestro.
El análisis patrimonial
La apelación también impugnó el informe económico utilizado para considerar que los bienes y movimientos financieros de Rosatelli no se correspondían con su sueldo como comisario.
Los abogados argumentaron que se mezclaron períodos diferentes, se contabilizó dos veces dinero transferido entre cuentas de un mismo titular y se consideraron rescates de inversiones como si fueran ingresos nuevos.
Calificaron el resultado como una “ficción financiera” producida por el “inflado de flujos”. También negaron que Rosatelli fuera propietario de ocho inmuebles.
Según la información de ARCA y ATER citada por la defensa, tendría actualmente tres propiedades -su vivienda de avenida Echagüe, un inmueble en Chajarí y un terreno en Paraná-, además de un Honda Civic modelo 2018.
El escrito agregó que no se detectaron transferencias de Rosatelli hacia Pelizzari o Luna ni egresos compatibles con el precio y la modalidad de pago atribuidos a la compra de la camioneta.
El pedido de libertad
Los defensores solicitaron que se revoquen el procesamiento, la prisión preventiva y el embargo. Argumentaron que la investigación avanzó lo suficiente como para reducir el riesgo de que Rosatelli interfiera en la producción de pruebas.
También cuestionaron que la negativa a proporcionar la contraseña de su iPhone 17 fuera considerada un posible indicio de entorpecimiento. “El imputado no tiene la obligación jurídica de colaborar con la investigación que se dirige en su contra”, plantearon.
Como alternativa a la libertad, pidieron que la prisión preventiva sea reemplazada por presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y una caución. En última instancia, solicitaron el arresto domiciliario en el departamento de Rosatelli, con monitoreo electrónico si fuera considerado necesario.
La Cámara Federal de Apelaciones deberá fijar la audiencia en la que se escucharán los argumentos de la defensa y del Ministerio Público Fiscal. Luego resolverá si confirma, modifica o revoca las medidas dictadas por el juez Ríos.