El fiscal José Ignacio Candioti reclamó duras condenas, multa millonaria y el decomiso de un vehículo en el alegato final. Lanzó una fuerte advertencia sobre el impacto social del consumo
El Ministerio Público Fiscal solicitó condenas de siete años de prisión para Andrea Fabiana Vargas y Néstor Rodríguez Sanabria, acusados de liderar una red de comercialización de estupefacientes que operaba entre Paraná, Concordia y Buenos Aires.
Durante el alegato, el fiscal federal José Ignacio Candioti y el fiscal auxiliar Juan Podhainy expusieron un pormenorizado análisis de prueba que considera totalmente acreditado el accionar delictivo de la pareja detenida con 18 kilos de cocaína que según los fiscales tenía un valor total de 270.000 dólares.
Más allá del rigor procesal, Candioti dedicó el tramo final de su exposición a visibilizar la gravedad del fenómeno en las zonas vulnerables de la ciudad, destacando además la labor comunitaria de la ONG Suma de Voluntades. “Es preocupante la situación. El daño a la salud que está provocando la droga es grave. No nos podemos abstraer ni mirar para otro lado”, enfatizó el funcionario judicial.
Según la investigación desarrollada por la Policía de Entre Ríos, la organización operó activamente entre abril y diciembre de 2024. El esquema incluía el traslado de dinero en efectivo hacia Concordia para adquirir dólares en una cueva financiera vinculada a Tomás Jacobi —quien actualmente cuenta con falta de mérito—. Con las divisas en su poder, realizaban viajes constantes a Buenos Aires para comprar cocaína a gran escala que luego era distribuida al menudeo en Paraná y otras localidades como Concepción del Uruguay.
Entre los elementos incriminatorios presentados por Podhainy destacan escuchas telefónicas que ubican a Vargas en un rol determinante. En las conversaciones, que incluyen intercambios con una mujer apodada “La Diabla”, se abordaba la logística de distribución e incluso la variación en la calidad del estupefaciente traído desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por los hechos calificados como comercio agravado de tóxicos, la Fiscalía solicitó penas proporcionales para ambos imputados junto a una multa total de 24 millones de pesos (12 millones para cada uno). El decomiso de una camioneta Kia Sportage por ser considerada instrumento del delito. Además no consintió el pedido de la defensa de restituir un Peugeot 307 y un Toyota Yaris secuestrados, debido a que restan imputados por ser juzgados en la causa.
Los fiscales detallaron el fin lucrativo del negocio, la habitualidad y el daño a la salud que provoca la cocíana.
El abogado defensor de la pareja, Augusto Lafferriere, proclamó la inocencia absoluta de sus representados y solicitó la absolución total por dudar razonablemente de las pruebas. Argumentó que el operativo en Ruta 11, donde se produjo una fuga policial, estuvo motivado por el consumo de alcohol y no por la presencia de sustancias.
Asimismo, remarcó la ausencia de huellas dactilares en el material incautado, el resultado negativo de las requisas vehiculares y calificó la hipótesis de descarte de droga como “geográficamente inviable”. De manera subsidiaria, solicitó una calificación legal menor.
Por otra parte, la situación procesal de las coacusadas Dana Zatti (hija de Vargas) y Tamara Blanco —representadas por Claudio Berón— se encarriló mediante un juicio abreviado en el que asumieron su responsabilidad penal.
El Tribunal integrado por los jueces Sebastián Gallino, Noemí Berros y Mariela Rojas resolverá formalmente sobre estos acuerdos al finalizar el debate.
El cierre definitivo de los alegatos está fijado para el próximo 14 de agosto, jornada en la que el Tribunal dará la posibilidad de la última palabra para los acusados antes de dar a conocer el veredicto final.